Los
trabajadores no podemos aceptar callados los engaños y la corrupción,
mientras el gobierno pretende que seamos responsables de lo que otros
han estafado
El gobierno prepara los presupuestos 2013 con nuevos recortes sociales, que podrían incluir además más rebajas salariales para los empleados públicos
Rajoy miente cuando afirma que el rescate a la banca con 100.000 millones de euros no afectará ni al déficit ni a la deuda pública, ni tiene contrapartidas, cuando su “protectora” merkel y la ue afirman lo contrario
Las mentiras y las desvergüenzas del
Gobierno intentando engañar a los ciudadanos para que nos creamos que
las ayudas de la Unión Europea no conllevan contrapartidas para el
Estado Español, y, por tanto, para los ciudadanos, demuestran que Rajoy y
sus ministros han perdido toda la credibilidad.
No es un problema semántico, de
si se trata de un crédito o de un rescate, lo verdaderamente importante
es que se trata de 100.000 millones de euros que tendrá que devolver el
Estado en caso de impago de los bancos. Y de los precedentes de las
actuaciones irresponsables, y en muchos casos corruptas, de responsables
de la banca privada, serán los ciudadanos los que tengamos que asumir
nuevamente, con el esfuerzo de nuestros salarios y de nuestros derechos
sociales, las indecencias de los máximos responsables del poder
financiero y político en España.
En estas últimas semanas, hemos conocido, entre otros hechos escandalosos:
- Rato, Blesa y los máximos
responsables del PP en la Comunidad de Madrid (especialmente Esperanza
Aguirre y su vicepresidente Ignacio González) han llevado a la ruina
directamente o por sus decisiones políticas, a Caja Madrid y Bankia.
Banqueros que arruinan a miles de ciudadanos y ponen en peligro el
sistema financiero y sin embargo se aseguran millones de euros en
salarios e indemnizaciones, mientras que pensionistas y ciudadanos temen
por sus ahorros de toda la vida y trabajadores de esas entidades ven
peligrar sus puestos de trabajo, porque la UE entre las contrapartidas
que exige para esa “ayuda” de 100.000.000 de euros está el despido de
cientos de trabajadores de las sucursales suprimidas.
- Los ministros de Hacienda y de
Economía y el Presidente del Gobierno han negado constantemente
(incluso hasta el 28 de mayo de forma expresa lo hizo Rajoy) que fuera
necesario un rescate para la banca por la UE.
- Las CCAA, entre ellas las de
Madrid, Cataluña, Valencia, Canarias y Andalucía, incapaces de resolver
la situación de forma justa para los ciudadanos por su connivencia en
muchos casos con los intereses de la gran Banca a la que jamás
denunciaron cuando aún se podía poner solución a la bancarrota a la que
llevaban a muchas entidades, han recortado nuevamente el salario y los
derechos de los empleados públicos. Además, la mayoría de ellas,
recortan gravemente derechos básicos como la educación y la sanidad
públicas, y, por el contrario, junto al gobierno de España, han impedido
la investigación para la asunción de responsabilidades de banqueros y
dirigentes políticos cómplices de la situación.
- De todos los procesos por
corrupción abiertos judicialmente en España (caso Gürtel, caso Palau de
la Música de Cataluña….) con cientos de millones de euros gastados
irregularmente del erario público, no permanece en la cárcel
prácticamente ninguna persona acusada por corrupción.
- El Presidente del CGPJ y del
Tribunal Supremo se mantiene en su cargo, para el que no está ya
legitimado moralmente, a pesar de las denuncias contra su actuación por
gastar con fondos públicos miles de euros para actividades privadas
(ahora aparecen otros 12.500 euros que se añaden a los 13.000 ya
denunciados de gastos privados). Aún más grave es que el ministro de
Justicia, primero, y el conjunto del Gobierno y del grupo parlamentario
del PP, hayan impedido hasta el momento que Dívar acuda al parlamento a
dar explicaciones, y ahora lo dilata hasta noviembre para que el tiempo
haga olvidar sus actos escandalosos. Hoy, además, el pleno de la sala de
lo Penal del Tribunal Supremo se aleja aún más de los ciudadanos: ha
decidido por una amplia mayoría amparar a su Presidente y no aceptar la
querella interpuesta contra él, alegando “que Dívar está amparado por
las normas sobre gastos del Consejo del Poder Judicial que no obligan a
detallar con quién se tienen atenciones protocolarias”. Luego, muchos
altos cargos y también el propio CGPJ no entenderán los motivos de por
qué la Administración de Justicia es uno de los servicios públicos peor
valorados por los ciudadanos.
- Y en el ámbito de la Administración de Justicia, el ministro de Justicia actúa:
• Reduciendo los partidos
judiciales a la mitad, con la reforma de la Ley de Planta y demarcación
judicial, lo que implicará amortizaciones de plantilla y traslados
forzosos de funcionarios.
• Con un proyecto de ley que
extiende e incrementa las tasas judiciales de forma exponencial a todos
los ciudadanos, poniendo trabas al acceso gratuito y en condiciones de
igualdad a la Administración de Justicia.
• Para que los procuradores,
notarios, registradores realicen funciones y tareas exclusivas de los
funcionarios en el servicio público de la Administración de Justicia,
asumiendo competencias en servicios que son exclusivas de los
funcionarios públicos. De esta manera, el ministro pretende privatizar
parte de la Administración de Justicia.
• Proponiendo como solución
imaginativa y ocurrencia demagógica: ¡¡¡Abrir los Juzgados en el mes de
agosto!!!, ¡Oh! Es que no sabe que los trabajadores llevamos años
trabajando en el mes de agosto. ¿Qué es lo que conoce este ministro de
la Administración de Justicia?
• Amortizando plantillas en la
Administración de Justicia y no renovando refuerzos en muchos órganos
judiciales que el ministerio de Justicia sabe que son imprescindibles
para el correcto funcionamiento de los órganos judiciales.
• Defendiendo ante el Consejo de
ministros la congelación de la OEP, cuando debería saber que ésta no
tiene coste económico en la Administración de Justicia y, en cambio, con
esa decisión condena a cientos de trabajadores interinos a un empleo
inestable y sin perspectivas de futuro, y con el riesgo de quedarse en
paro, si el ministro sigue amortizando plantillas.
• En este contexto de grave
crisis económica y de ayudas a los poderosos incompetentes banqueros que
arruinan a España, en otra vuelta de un análisis hipócrita de la
situación económica, el ministro de Justicia apuesta porque el Estado
gaste 14 millones de euros en un nuevo edificio para la Audiencia
Nacional.
Y todo esto sucede en una crisis
económica sin precedentes, con la prima de riesgo por encima de los 500
puntos y con el bono español situado cerca del 7% que obliga al Estado a
pagar unos intereses elevadísimos para financiarse, y con 100.000
millones de euros solicitados por el gobierno para el rescate a la
banca, que evidentemente tendrán que devolver los ciudadanos, mientras
que nos cuentan que no existe dinero para educación, sanidad, justicia,
servicios sociales, etc….
Los trabajadores no podemos
permanecer callados ante los engaños y la corrupción, ante los recortes
sociales y salariales, mientras el gobierno pretende que seamos
responsables de lo que otros han estafado
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