CCOO denuncia que el anteproyecto de ley para la "protección de la seguridad ciudadana" es un ataque frontal a la Democracia


2 dic 2013


El Gobierno de Rajoy aprueba el anteproyecto de ley para la protección de la seguridad ciudadana, y, en un alarde de máxima hipocresía y desvergüenza, la define como un texto firmemente comprometido con los derechos fundamentales y libertades"

CCOO DENUNCIA QUE ESTA LEY REPRESENTA EL ATAQUE FRONTAL MÁS SEVERO, EN MÁS DE 35 AÑOS DE DEMOCRACIA, CONTRA DERECHOS FUNDAMENTALES COMO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE MANIFESTACIÓN

ES UN INTENTO DESESPERADO DEL GOBIERNO DE IMPEDIR Y CASTIGAR LAS PROTESTAS DEMOCRÁTICAS DE LA CIUDADANÍA CONTRA SUS POLÍTICAS QUE ESTÁN ARRASANDO EL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS DERECHOS SOCIALES



La aprobación por el Gobierno, en el pasado consejo de ministros del 29 de noviembre, de la llamada con tremenda ironía “anteproyecto de ley para la protección de la seguridad ciudadana” constituye el mayor atentado contra los derechos y libertades ciudadanas, que dice pretender defender, en los últimos 35 años de la historia de la democracia.

El Gobierno ha aprobado un anteproyecto que establece multas de hasta 600.000 euros por el ejercicio de derechos legítimos como el derecho de reunión y de manifestación (en una escala que se incrementa desde 1.000 euros para las sanciones por infracciones leves, pasando por 30.000 euros para las graves y llegando hasta 600.000 euros para las muy graves) e impide de esta manera coactiva que la ciudadanía pueda defenderse ante agresiones a derechos, contra lo que solo le quedará el recurso contencioso-administrativo para el que deberá pagar además tasas judiciales desde la reforma de Gallardón de 2012. Por ejemplo, se sancionarán:

-          Las concentraciones no comunicadas previamente (30.000 euros)
-          La perturbación del orden en actos públicos, deportivos y culturales (30.000 euros)
-          Los desórdenes en vía pública (manifestaciones o concentraciones que la policía considere subjetivamente que se producen) (30.000 euros)
-          Las manifestaciones o concentraciones con motivo de desahucios (30.000 euros)
-          Desobedecer o resistirse ante decisiones de los agentes de la autoridad, incluso aunque éstas sean profundamente injustas y coactivas. (30.000 euros)
-          Perturbación del orden en campaña electoral (incluso la realización de manifestaciones o concentraciones) (30.000 euros)
-          Manifestaciones y reuniones sin autorización (30.000 euros)
-          Falta de colaboración con la policía (30.000 euros)
-          Obstaculizar la calle con elementos (30.000 euros)
-          Ofensas a España, a las CCAA o a las corporaciones locales (30.000 euros)
-          La intrusión en los recintos como los aeropuertos (con hasta 600.000 euros)
-          Celebrar espectáculos públicos o recreativos prohibidos (600.000 euros)


La norma que ahora aprueba el gobierno otorga un desmesurado, omnímodo y todopoderoso poder a la policía y al Ministerio del Interior, además de una gran discrecionalidad, que hasta el momento no tenía. Basta con la palabra de la policía para sancionar con multas escandalosas. Ya no interviene el juez como sucedía cuando eran faltas, lo que constituía una garantía. Porque el gobierno sabe que los jueces hasta el momento han dado la razón a los ciudadanos en las manifestaciones ante el Congreso y en los escarches, absolviendo a los detenidos por la policía.


El gobierno con esta ley lo que pretende es impedir las protestas de la clase trabajadora y de la ciudadanía en la defensa de nuestros derechos, y así destruir el Estado social y democrático de derecho, acabar con las libertades, con los derechos sociales, con los servicios públicos (sanidad, educación, justicia …), y sin ninguna oposición.  CCOO LLAMA A LA RESPUESTA MASIVA DE LOS TRABAJADORES Y DE LA CIUDADANÍA PARA PARAR ESTA LEY INTIMIDATORIA Y AGRESIVA CONTRA LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS.

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