El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de LOPJ que eliminará
decenas de partidos judiciales y de órganos judiciales pues el mantenimiento de
algunos centros de trabajo en las actuales cabeceras de partidos judiciales
será excepcional, mientras insiste en la privatización de los actos de
comunicación y ejecución que asigna a las procuradores (salvo los lanzamientos)
y aprovecha para reducir de un 50
a un 30% las plazas de promoción interna en las
oposiciones
GALLARDÓN MIENTE EN LA RUEDA DE PRENSA POSTERIOR
AL CONSEJO DE MINISTROS ASEGURANDO QUE NO DESAPARECERÁN LOS JUZGADOS DE PAZ
Y VUELVE A MENTIR CUANDO
ASEGURA QUE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES DE INSTANCIA NO SUPONDRÁ LA DESAPARICIÓN DE
SEDES JUDICIALES
Para
CCOO no está garantizado en absoluto el
mantenimiento de todos los puestos de trabajo actuales y anunciamos un durísimo
proceso de negociación y movilización si el Gobierno no garantiza el empleo,
las retribuciones y la no existencia de procesos de movilidad geográfica
forzosa.
Esta reforma también es un atentado a los
derechos de la ciudadanía
CCOO LLAMA A PARAR ESTA REFORMA PORQUE ES UN DURO GOLPE QUE
ATENTA GRAVEMENTE A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS Y ALEJA AÚN
MÁS LA JUSTICIA DE
LA CIUDADANÍA
Para el próximo viernes, 11 de Abril, el Ministerio
de Justicia ha convocado mesa sectorial de negociación en cuyo primer punto del
orden del día se establecerá un calendario de negociación del anteproyecto de
LOPJ, que anuncia, entre otras, las siguientes modificaciones sobre la actual,
de las que CCOO ha venido
advirtiendo de forma reiterada desde el mes de junio de 2013:
- DESAPARICIÓN DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES.- Sus competencias actuales en 1ª Instancia pasarán a los nuevos Tribunales Provinciales de Instancia y los recursos a los TSJ.
- CREACIÓN DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES DE INSTANCIA.- Asumirán además todas las competencias actuales de los Juzgados y su ámbito territorial será provincial, despareciendo así los partidos judiciales, y, con ello, decenas de órganos judiciales.
- DESAPARICIÓN DE LOS JUZGADOS DE
PAZ.- La presión ciudadana y sindical contra estas propuestas, que ya estaban
contenidas en el documento elaborado por la “comisión de expertos” que ha
servido de base a este anteproyecto de Ley, ha obligado al ministro Gallardón a
maquillar el texto presentado y no ha tenido ningún empacho en mentir a la
ciudadanía asegurando que “desaparecerán
los jueces de paz pero no los juzgados de paz” cuando en el anteproyecto se
contempla, no solo su cierre definitivo, sino también un periodo transitorio
para el personal destinado en los Juzgados de Paz hasta la entrada en vigor de
esta Ley en el que “las competencias
jurisdiccionales atribuidas a los Juzgados de Paz corresponderán a los Juzgados
de Primera Instancia o de Instrucción, y el
personal al servicio de
- GALLARDÓN SUPRIME LAS GARANTÍAS ACTUALES DEL CENTRO
DE TRABAJO Y ESTABLECE COMO CENTRO DE DESTINO
La exposición de motivos del anteproyecto de LOPJ expresa nítidamente esa posición de la movilidad forzosa: “la idea -de los Tribunales Provinciales de Instancia- (…) permitirá ganar flexibilidad y maximizar los recursos existentes (…) reasignando efectivos dentro del mismo órgano judicial -recordemos de ámbito provincial- para hacer frente a necesidades cambiantes del servicio público de
- PRIVATIZACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN.- El texto presentado recoge literalmente que “los Procuradores podrán realizar los actos procesales de comunicación judicial, embargos y ejecución, a excepción de los lanzamientos, así como otras tareas de auxilio y cooperación con los Tribunales” , lo que, además de suponer un inaceptable coste adicional a la ciudadanía, pone en peligro también centenares de puestos de trabajo de personal de justicia que en la actualidad realizan dichas actuaciones.
En esta
misma línea, y en relación con la supresión de los juzgados de fuera de las
capitales de provincia derivada de la implantación de los Tribunales Provinciales
de Instancia, el texto presentado por el ministro recoge:
“Asimismo, en la Ley de Demarcación y Planta
Judicial podrán establecerse sedes desplazadas de todas o alguna de las Salas
de los Tribunales Provinciales de Instancia en aquellas localidades y
municipios del territorio provincial en los que, a la entrada en vigor de la
presente Ley, estuvieran radicadas sedes judiciales distintas de los Juzgados
de Paz, en atención a la valoración
conjunta de las siguientes circunstancias:
1ª. Volumen y dispersión de la
población en el territorio provincial.
2ª. Relevancia de la carga de
trabajo de los órganos jurisdiccionales existentes, según los módulos
establecidos conforme a las determinaciones de la LOPJ.
3ª. Distancia de la sede desplazada
a la capital de la provincia.
4ª. Tiempo de desplazamiento en
transporte público desde la sede desplazada a la capital de la provincia.
5ª. Carácter uniprovincial de la Comunidad Autónoma.
6ª.Especiales características
orográficas o geográficas del territorio provincial y, singularmente, las que
dificulten los desplazamientos a la capital de la provincia.
7ª. Insularidad del territorio
provincial.
8ª. Existencia, estado y posibilidad
de aprovechamiento de edificios e infraestructuras judiciales existentes en la
sede desplazada.
9ª. Posibilidad de amortización y de
recuperación de las inversiones efectuadas en los edificios e infraestructuras
judiciales de la sede desplazada.”
Este
texto, repetimos, ha sido fruto de la presión ciudadana y sindical contraria al
cierre de los juzgados de fuera de las capitales de provincia, pero no
garantiza, en absoluto, el mantenimiento de todas las sedes judiciales actuales
y, mucho menos, de los puestos de trabajo allí existentes. Por un lado, el
mantenimiento o no de estas sedes tendrá que ser aprobado en la futura Ley de
Planta que también se decidirá en las Cortes Generales a propuesta del Gobierno
y de cuyo contenido la única noticia que tenemos es la propuesta elaborada por
la “comisión de expertos” que no hace ninguna mención al respecto. De otra
parte queda claro que estas sedes desplazadas de los tribunales provinciales de instancia solo se implantarán en las pocas
actuales cabezas de partido judicial que cumplan los requisitos expresados de
forma conjunta y, por tanto, otras muchas sedes quedarán definitivamente
cerradas y sus trabajadores despedidos (en el caso del personal interino) o
trasladados de localidad en el caso del personal de carrera, al igual que
pasará en los juzgados de paz a los que nos hemos referido anteriormente.
Por
último, CCOO
quiere denunciar que el Ministerio de Justicia aprovecha, una vez más, para
intentar colar “de tapadillo” y sin previo aviso importantes modificaciones en
nuestro estatuto profesional. Como ejemplo, señalamos que las plazas de las
ofertas de empleo público reservadas para la promoción interna se reducen del
50 al 30% en todos los cuerpos, aunque se establecen mecanismos de
convocatorias de promoción interna (salvo hacia el cuerpo de Secretarios)
independientes de las oposiciones.
De un
estudio más minucioso de otras modificaciones de nuestras condiciones de
trabajo que puedan contenerse en este anteproyecto de ley informaremos en breve
tras el estudio exhaustivo del texto presentado.
CCOO
DEFENDERÁ EN LA MESA DE
NEGOCIACIÓN EL MANTENIMIENTO TODOS Y CADA UNO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
ACTUALES, LA
CONVOCATORIA INMEDIATA DE OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO CON LA TOTALIDAD DE LAS
PLAZAS VACANTES PARA ASEGURAR EL EMPLEO, LA NO REDUCCIÓN DE LAS
ACTUALES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EN NINGÚN CASO, LA IMPOSIBILIDAD DE
TRASLADOS DE LOCALIDAD FORZOSOS Y EL MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA EN MANOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS.
¡¡HAY QUE PARAR LAS REFORMAS DE GALLARDÓN, NO
ESPERAR A SUFRIR SUS CONSECUENCIAS!!
MARTES, 8
de ABRIL
CONCENTRACIONES
DE TRABAJADORES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN TODA ESPAÑA
►► EN SANTANDER, a las 17:00 HORAS
ante la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
(Convocan CCOO, STAJ y UGT)
