- CCOO solicita a los grupos parlamentarios del Senado la presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Nacionalidad de sefardíes y trámites de expedientes de nacionalidad por residencia, para que su tramitación sea enteramente pública y gratuita
- Esta nueva encomienda de gestión (que nos va a costar a los españoles 4 millones de euros, por el momento) a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, vuelve a dar la razón a CCOO, cuando denunciamos reiteradamente que el Registro Civil ni será público ni gratuito, si no detenemos la entrega de su gestión a los Registradores.
CCOO
ha presentado a los Grupos Parlamentarios de la oposición en el Senado una
carta solicitándoles que presenten enmiendas al Proyecto de Ley de Nacionalidad
de Sefardíes por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la
nacionalidad española por residencia, a fin de que la tramitación de estos
expedientes sea enteramente pública y gratuita. CCOO ya solicitó a los grupos
parlamentarios del Congreso la presentación de enmiendas a este Proyecto de
Ley, con los mismos objetivos, enmiendas defendidas por IU en el Congreso.
Ahora el Grupo Iniciativa per Catalunya Verds ya
las ha hecho propias, presentándolas en el Senado.
El Proyecto de Ley, que incorpora las enmiendas presentadas por el PP en el Congreso, demuestra claramente que Catalá miente cuando afirma que el Registro Civil de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles será público y gratuito:
- El Registro Civil no será público. El Proyecto de Ley atribuye a los notarios la instrucción de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por los sefardíes. Los Notarios, al igual que los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, son profesionales que cobran aranceles directamente a la ciudadanía por sus servicios, que si bien ejercen una función pública (la fe pública) tienen un ámbito de actuación y un funcionamiento enteramente privado. Los Notarios nunca han tenido competencias en materia de nacionalidad, y no se entiende por qué el Ministerio de Justicia insiste en atribuir a los mismos competencias en esta materia salvo por algún tipo de interés. CCOO propone que toda la tramitación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por sefardíes se realice en los Registros Civiles Consulares o principales de España.
- El Registro Civil no será público. El Proyecto de Ley impone el uso de una plataforma electrónica privada, que es la del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para la tramitación de todos los expedientes de adquisición de la nacionalidad española, incluidos los de los sefardíes. Si fuese una plataforma pública el Ministerio de Justicia debería sacarla a concurso público, conforme la Ley de Contratos del Sector Público, y la falta de dicho concurso sería objeto de denuncia ante los tribunales de la competencia españoles y de la Unión Europea, que CCOO está estudiando. CCOO propone que la plataforma electrónica de tramitación de todos los expedientes de nacionalidad sea de titularidad pública, propiedad del Ministerio de Justicia.
- El Registro Civil no será gratuito. El Proyecto de Ley permite al Gobierno el establecimiento de aranceles para retribuir a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles por todas las actuaciones derivadas de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia (tramitación del expediente, jura de nacionalidad, inscripciones posteriores). CCOO solicita que en todo caso la tramitación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia sea gratuita.
CCOO ha reclamado reiteradamente que el Ministerio de Justicia cese en su decisión de otorgar la gestión de los expedientes de nacionalidad a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. El Proyecto de Ley, tal y como ha entrado en el Senado, contiene una regulación extensa de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia que incorpora la solución que CCOO lleva meses proponiendo para evitar las encomiendas de gestión de las nacionalidades a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que, una y otra vez, conlleva multitud de problemas (tramitación por personal desconocedor de la documentación y trámites de nacionalidad, requerimientos absurdos de más documentación, denegaciones injustificadas de nacionalidad con el consiguiente aumento de recurso administrativos, expedientes presentados hace años que siguen sin resolverse, etc) además de los altos costes (ahora 4 millones de euros) que han supuesto.
CCOO propuso reiteradamente que se modificase el artículo 222 del Reglamento del Registro Civil, a fin de que se permitiese a los Registros Civiles principales realizar la fase de instrucción del expediente que corresponde según dicho artículo al Ministerio de Justicia, y que no fueran los Registradores de la Propiedad y Mercantiles los que realizarán dicho trámite, previa a la propuesta de resolución del Expediente. De esta forma el Ministerio de Justicia simplemente tendría que resolver si concedía o no la nacionalidad, evitando traslados innecesarios de expedientes, requerimientos absurdos de documentación, ir y venir de documentos para su digitalización que luego se pierden, etc. Pues bien, el Proyecto de Ley introduce que toda la tramitación del expediente, incluida la petición de informes (Dirección General de Policía, Presidencia, Penales, etc) que realiza el Ministerio de Justicia (y hoy por su encomienda los Registradores) se realice por los Registros Civiles principales, y que éstos eleven el expediente directamente para su resolución al Ministerio de Justicia.
Para CCOO no es de recibo que sea precisamente a partir del 15 de julio cuando el Ministerio de Justicia ponga en marcha la medida de que deben ser los Registros Civiles los encargados de la realización de la fase de instrucción del expediente de nacionalidad que corresponde al Ministerio de Justicia, qué casualidad, la fecha en la que el Gobierno pretende poner en vigor la entrega de su gestión a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles
CCOO acusa al Ministerio de Justicia de perseguir por todos los medios el beneficio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, a costa del servicio público y de los derechos de la ciudadanía. Ahora obligará a los ciudadanos extranjeros que quieran adquirir la nacionalidad a tener que pagar aranceles a los Registradores por ello, lo que claramente constituye, aunque lo niegue Catalá, una privatización de un servicio público y el fin de su gratuidad.
¡¡¡SOLO
LAS MEDIDAS DE PRESIÓN Y LAS MOVILIZACIONES DETENDRÁN LA PRIVATIZACIÓN DEL
REGISTRO CIVIL!!!
¡¡¡NO A
LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL !!!
