La Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas ha enviado a diferentes organismos de la
Administración del Estado un borrador de resolución en el que se amplía
el horario de obligada presencia de los empleados públicos y se suprimen
los días de vacaciones que se concedían por antigüedad, entre otras
medidas.
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| Antonio Beteta |
En el borrador, la jornada
semanal se mantiene en un mínimo de 37,5 horas. Ahora, para llegar a esa
cifra, los empleados públicos pueden elegir entre completar esas horas
entre las 7.30 horas y las 9.00 horas de lunes a viernes, entre las
14.30 horas y las 18.00 horas de lunes a jueves y entre las 14.30 horas y
las 15.30 horas los viernes.
En el texto elaborado por
Administraciones Públicas no se establecen franjas horarias para
completar la jornada, sino que se señala que serán los calendarios
laborales los que establecerán los límites horarios máximos y mínimos
para alcanzar las 37,5 horas semanales.
En la actual resolución sobre
jornada y horarios se señala que se podrá implantar la jornada intensiva
de verano (normalmente se desarrolla de 8.00 a 15.00 horas) en el
periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. En el
borrador con los nuevos horarios no se contempla la jornada intensiva.
De hecho, en una carta a la que
ha tenido acceso Europa Press, el secretario de Estado de
Administraciones Públicas, Antonio Beteta recuerda que la jornada
semanal es de 37,5 horas (1.647 horas en cómputo anual) y que, si el
calendario laboral del centro en cuestión hubiese previsto una jornada
de verano, "ésta no podrá suponer un menoscabo" de la jornada anual,
"debiendo recuperarse la reducción operada en el periodo estival para
completar dicho cómputo".
En el texto se eliminan además
los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del
trabajador. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de
vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen
15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.
NO ACUMULAR PERMISOS A LAS VACACIONES
De aprobarse esta nueva
resolución, los empleados públicos de la AGE estarán obligados a cogerse
al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de
septiembre, sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de
permiso por asuntos particulares. Asimismo, en caso de que su lugar de
trabajo cierre durante un periodo concreto del periodo estival, el
disfrute de las vacaciones de los empleados públicos deberá coincidir
con esa franja temporal.
La resolución va acompañada de
dos anexos: un código de buenas prácticas de los directivos públicos
para fomentar la productividad de la AGE y de sus organismos públicos, y
un código de conducta para los empleados públicos de estas áreas.
En el código de buenas prácticas
para los directivos públicos se emplaza a los subsecretarios de los
departamentos ministeriales y demás titulares de órganos competentes de
la gestión de recursos humanos a adoptar medidas disciplinarias en los
supuestos legalmente tipificados de absentismo injustificado; a exigir
la justificación oportuna "de todas las ausencias", incluidas las de
duración inferior a cuatro días en las que se alegue enfermedad; a
impulsar reconocimientos médicos para controlar las bajas por enfermedad
o accidente; y a remitir a la Secretaría de Estado información
sistemática sobre el cumplimiento de los horarios y de los niveles de
absentismo.
LOS SINDICATOS, MOLESTOS
El borrador no ha gustado nada a
los sindicatos. En un comunicado, la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CC.OO. ha criticado que el Gobierno pretenda aplicar
"unilateralmente" a los empleados públicos una nueva resolución de
jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico
del Empleado Público (EBEP).
En dicha ley, recuerda CC.OO.,
se establece que el calendario laboral debe ser objeto de negociación
con los sindicatos de la Función Pública. Para el secretario general de
la FSC-CC.OO., Enrique Fossoul, el procedimiento que está siguiendo el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en esta cuestión es
"inadmisible" y "ahonda en el deterioro que el Gobierno está aplicando
al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos".
Fossoul considera que esta
medida podría tener un efecto muy amplio no sólo para la Administración
del Estado, a la que afecta directamente este borrador de resolución,
sino para el resto de las administraciones públicas, "que seguirán
probablemente el camino diseñado desde el Gobierno para continuar
recortado derechos a los empleados públicos, en pequeñas dosis pero de
forma constante".
Desde CSI-F, su presidente de la
Administración Central, Francisco Camarillo, también ha expresado, en
declaraciones a Europa Press, su malestar por el hecho de que el
Ministerio no haya abierto una negociación con los sindicatos sobre
jornada y horarios, tal y como determina el EBEP.
Camarillo ha calificado este
procedimiento de "inadmisible" y teme que el Gobierno vaya a aprobar
esta resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas
medidas que han afectado a los empleados públicos.
Además, el responsable de CSI-F
ha dejado claro que estas medidas no contribuyen a reducir el déficit,
sino a recortar derechos adquiridos a los empleados públicos, a los que
ya se les ha castigado reduciéndoles retribuciones. "Nos tememos lo
peor", ha dicho Camarillo, que ha subrayado además que el absentismo no
es un problema en la AGE.
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