El número de asuntos por órgano judicial ingresados en 64 de los 431 partidos judiciales sobrepasa con creces la media nacional y aboca a determinados órganos judiciales al colapso.
Felicidad López, representante del Sector de Justicia de
FSC-CCOO compareció en la Subcomisión creada en el Congreso de los Diputados para la Estrategia Nacional de Justicia en la que se abordan propuestas de todos los operadores jurídicos para la mejora de la Administración de Justicia.
Cuatro son los ejes en los que se están basando los trabajos de esta subcomisión y en el primero de ellos, llamado “Modernización: Agilización y Reorganización de la Justicia”, CCOO ha reclamado que se haga una evaluación de los resultados que han dado los modelos organizativos que se están implantando, como la nueva oficina judicial y fiscal, la jurisdicción civil y penal conjunta o separada en los juzgados o la atribución a juzgados en exclusiva de determinadas materias (como familia o ejecuciones penales, por ejemplo). A juicio de CCOO, la implantación de esta organización de los juzgados se está haciendo de forma irregular y caprichosa y una evaluación de sus resultados se hace imprescindible para conocer el acierto o no de los nuevos modelos organizativos.
En este mismo bloque de propuestas el sindicato ha demandado ante el Congreso la paralización de la actual estrategia de implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Los conocidos fallos de LexNet y del Expediente Judicial Electrónico hacen a CCOO apostar por una nueva estrategia de implantación con un nuevo sistema informático integral de gestión procesal y comunicaciones, con experiencias piloto en las que se evalúen los resultados y extenderlas solo cuando se compruebe su óptimo funcionamiento y con participación del personal que utiliza las nuevas tecnologías, los y las trabajadoras de la Administración de Justicia.
CCOO ha puesto en conocimiento del Congreso las estadísticas de entrada de asuntos en los órganos judiciales de toda España y ha demostrado que los únicos juzgados y tribunales que funcionan satisfactoriamente son aquellos que tienen una carga de trabajo razonable en relación con el número de jueces y demás personal. Para equipar en todos los órganos judiciales de todos los órganos jurisdiccionales las cargas de trabajo CCOO estima necesaria la creación de más de 300 nuevos juzgados e incrementar el número de magistrados y secciones en las Salas del Tribunal Supremo, de algunos Tribunales Superiores de Justicia y en ciertas Audiencias Provinciales (Barcelona, Madrid, Sevilla y Salamanca).
CCOO estima imprescindible la creación de 136 nuevos juzgados en Andalucía, 63 en la Comunidad Valenciana, 29 en la Comunidad de Madrid, 21 en Cataluña, 17 en las Islas Canarias, 16 en Euskadi, 15 en Castilla-La Mancha, 11 en la Región de Murcia y 6 en Galicia y Castilla y León, y el resto, hasta 306 juzgados, por el resto de comunidades y ciudades autónomas.
Tabla Propuesta creación de nuevos Juzgados
Además de esta situación, desde
CCOO se ha denunciado ante el Congreso que
algo más de 400 de los 3.664 juzgados existentes en España (un 11%) están atascados o al borde del colapso, con medias de asuntos pendientes de resolver del 125% sobre la media nacional, media quintuplicada en el Juzgado núm. 3 de Ayamonte (Huelva) que encabeza el ránking, y duplicada, triplicada o cuadruplicada por casi 100 juzgados a lo largo de todo el territorio nacional.
Para estos 400 juzgados CCOO ha propuesto al Congreso un plan de choque con medidas de refuerzo urgentes
que implicarían la contratación de unos 3.600 funcionarios judiciales durante el tiempo necesario para resolver y dar salida a los asuntos más antiguos.
Tabla Juzgados atascados
CCOO ha propuesto además en este bloque organizativo la
potenciación y extensión de la Justicia de Paz para la resolución en todo el territorio nacional, urbano y rural, de los asuntos de escasa entidad que afecten a la convivencia y con funciones de mediación prejudicial o extrajudicial en la resolución de conflictos.
El
segundo de los ejes de los trabajos de esta Subcomisión parlamentaria es el relativo a la
independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal. CCOO ha explicado en el Congreso que la mejor estrategia para garantizar la independencia y autonomía en la Administración de Justicia es la eliminación de los nombramientos “a dedo” de las altas instancias de la magistratura y de las jefaturas de los órganos de las fiscalías.
El sindicato ha propuesto que todos los nombramientos se hagan por concurso de méritos, en el que solo se valoren los méritos profesionales, y no por el sistema de libre designación que
CCOO califica como “uno de los cánceres de la Administración de Justicia”.
CCOO también ha criticado el actual sistema de selección por oposición de jueces y fiscales. La preparación de estas oposiciones se efectúa en la mayoría de los casos en términos de economía sumergida por “preparadores” que cobran unos 250 euros mensuales por alumno (eliminando así de antemano a las personas aspirantes con bajo poder adquisitivo) y sin sujeción a ningún control público. Frente a ello, el sindicato ha propuesto que el Centro de Estudios Jurídicos imparta estudios de postgrado debidamente reglados y con un sistema de becas que permita el acceso a la carrera judicial y fiscal de todas las personas independientemente de su nivel social y económico.
CCOO ha rechazado la asignación de la investigación criminal al Ministerio Fiscal en tanto que siga teniendo una estructura jerarquizada y dependiente del Gobierno que nombra al Fiscal General del Estado y, éste a su vez al resto de fiscales con responsabilidades de jefatura. El sindicato entiende además que la investigación penal en manos de los fiscales no incidiría para nada en la mejora del servicio público que ha de prestarse desde la Administración de Justicia ni en los tiempos de respuesta.
Para la profesionalización y calidad de la justicia (tercer eje de la Subcomisión) CCOO ha propuesto al Congreso el establecimiento de carreras profesionales reales del personal de justicia (inexistentes en la actualidad), la cobertura de todos los puestos de trabajo por personal fijo (en la actualidad el empleo temporal ronda el 25%), planes integrales de formación profesional que tampoco existen y el reforzamiento de las categorías profesionales de psicólogos/as, asistentes sociales, educadores/as, traductores/as, peritos, etc. que tan importante labor desempeñan en la Administración de Justicia, en especial, con los colectivos más vulnerables (menores, mujeres maltratadas, personas extranjeras, etc.).
El último de los ejes de los trabajos de esta Subcomisión es el titulado “Una justicia orientada a las personas: la justicia como servicio público”, eje en el que CCOO ha planteado que la Administración de Justicia sea siempre un servicio público, evitándose su privatización y revirtiéndose a lo público lo ya privatizado (expedientes de nacionalidad, actos de comunicación, servicios de psicología y traducción, archivos judiciales,...); que la justicia sea cercana a la ciudadanía, manteniéndose oficinas judiciales y del Registro Civil en todos los pueblos de España; que los edificios judiciales y de sus servicios sean dignos y respeten las normas mínimas de la salud laboral y accesibilidad para las personas con dificultades de movilidad.
Por último, CCOO ha denunciado en el Congreso que se están incumpliendo, en relación con la violencia sobre las mujeres, las exigencias de la ley y de las directivas comunitarias en esta materia, sin que exista una formación profesional especializada para el personal de la Administración de Justicia que las ha de atender, ni espacios físicos adecuados en las sedes judiciales que garanticen el aislamiento del agresor y de la víctima durante la tramitación de los procesos judiciales.
