Siete razones contra la privatización del Registro Civil

Por Javier Martínez del Moral, notario

Publicado en www.infolibre.es 24/07/2014

El Gobierno incluyó en el real decreto ley ómnibus de 4 de julio de 2014, recientemente convalidado por la mayoría del PP, la privatización del Registro Civil, dedicando a ello las disposiciones adicionales décimonovena a vigésimocuarta.

Creo que esta norma no se ajusta a la normativa de la UE, es inconstitucional, inmoral, opaca, ha sido aprobada violando la Ley de Conflicto de Intereses, revela una sorprendente realidad que exige una profunda investigación y se ha elegido el sistema más ineficiente y costoso para su propiedad, gestión y explotación.

1. ES INCONSTITUCIONAL

Como ha denunciado toda la oposición política, el Gobierno ha utilizado el decreto ley como vehículo normativo para atender criterios de opacidad, eludiendo los informes técnicos y dictámenes de organismos públicos que, a buen seguro, hubieran impedido su tramitación parlamentaria con el contenido predispuesto. Este defecto no se corrige con la carnaza lanzada por Sáenz de Santamaría después de su convalidación, a fin de que se tramite como proyecto de ley para debatir enmiendas (contra los aprobado por el PP), desoyendo a las asociaciones y colegios afectados, ni subsana la ausencia de la memoria y estudio económicos que nos permita saber cuánto va a costar el capricho de Gallardón y quién y cómo lo van a pagar.

Añádase que siendo objeto de tramitación parlamentaria ulterior como proyecto de ley no podrá recurrirse ante el TC con efectos suspensivos.
Invocar la extraordinaria y urgente necesidad de la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil de Zapatero de 2011, cuando de origen incorporaba una vacatio de tres años y –al menos– falta otro año para que inicie su aplicación, es faltar a la verdad. Rajoy ya presentó en la tramitación parlamentaria en 2010 dos enmiendas en el Congreso (las número 115 y 168) y otra en el Senado (la número 42) para poder privatizar el Registro Civil a manos de los registradores. Tales enmiendas fueron rechazadas, pero revelan que la privatización a favor del colectivo registral no es algo novedoso ni mucho menos urgente. Recordemos también que el anteproyecto de reforma integral de los registros, de 2012, tenía esa pretensión, como denunciara Miguel Ángel Aguilar (El País, 26/11/2012, “Asalto al registro civil”). La oposición frontal a esta norma por parte de todos los colectivos de justicia, sindicatos, partidos y sociedad, es lo que ha llevado a Gallardón a deshojar tranquilamente la margarita durante veinte meses, al estilo de Gregorio Marañón: si hoy es muy urgente, mañana lo será todavía más…

Se buscó el mejor momento para anunciar la elección (cambio de rey) y para aprobarlo (en el Consejo de Ministros de la operación salida de verano). Hablar ahora de una necesidad inaplazable suena a chiste, sobre todo si tenemos en cuenta que la aplicación del decreto ley precisa reformas legislativas y reglamentarias que dejan sin efecto la inmediata virtualidad normativa aparentemente pretendida.

2. ES INMORAL Y VIOLA LA LEY DE CONFLICTO DE INTERESES

Los artículos 4 y 7 de la Ley 5/2006 de Conflicto de Intereses impiden al presidente del Gobierno (registrador titular de Santa Pola), al ministro de Justicia (por parentesco) y al director general de los Registros (registrador) tomar decisiones sobre cuestiones registrales. También son registradores el subdirector general y los tres asesores jurídicos contratados por la Dirección General para el desarrollo de los proyectos.
Resulta objetivamente inmoral que la norma haya sido confeccionada por los beneficiarios de la privatización. Y doblemente inmoral que con estos antecedentes se acuda al decreto ley para obtener la menor transparencia posible. Estamos ante un evidente caso de captura del regulador que alcanza todo el proceso político de gestación de la norma: se cocina por registradores en la Dirección General de los Registros; se presenta por el ministro con parientes en el ramo y se aprueba por el registrador de Santa Pola.

El descaro con el que actúa el lobby registral sólo tiene explicación desde la impunidad acreditada de que gozan en la actualidad. Resulta absolutamente obligado, por puras razones de higiene democrática, abrir una investigación global sobre las iniciativas de la Dirección General y del Ministerio de Justicia para favorecer a este influyente colectivo.

3. REVELA UNA REALIDAD SORPRENDENTE QUE DEBE SER OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Poco deben trabajar los registradores mercantiles y mucho ganar cuando –sin despeinarse– pueden absorber todas las funciones del Registro Civil, además del Mercantil, y financiar su puesta en marcha con los excedentes del arancel mercantil.

El arancel registral tiene naturaleza tributaria y se regula en la Ley de Tasas y Precios Públicos. Resulta inaplazable conocer los costes del Registro Mercantil y de la Propiedad: lo que ingresan, los costes laborales, demás costes operativos y el beneficio registral... TRANSPARENCIA en la aplicación de las retribuciones tributarias frente a la actual opacidad.

4. ES ECONÓMICAMENTE INVIABLE Y ALTAMENTE INEFICIENTE

La UE no permite que se perciba arancel por la publicidad mercantil y, mucho menos, que las tasas del Registro Mercantil sirvan para financiar el Registro Civil de los ciudadanos españoles.

La Directiva 2009/101/CE (artículo 3quater) limita las tasas por acceso al Registro Mercantil a su coste administrativo y obliga a poner a disposición de todos los ciudadanos de forma gratuita numerosos datos de las sociedades de la UE.

La fecha máxima prevista para su transposición por los Estados miembros era el 7 de julio de 2014, dos días después de la entrada en vigor del decreto ley.

El Gobierno podía cumplir con las exigencias de la directiva aprovechando el decreto ley, pero eso perjudicaba a los registradores, por lo que obvió su obligación y les entregó el Registro Civil en términos incompatibles con el efecto directo vertical que tiene la directiva, al haber expirado el plazo de transposición. Esto significa que los particulares pueden invocar la directiva frente a la facturas registrales y denunciar al Estado ante los tribunales.

El escaso recorrido que tiene el sistema de financiación que establece el decreto ley nos hace temer que entre bastidores existan diversas alternativas previstas para eliminar esa gratuidad y hacer de la corporación del Registro Civil un organismo poderoso y altamente rentable para el colectivo registral.

Si atendemos a las que ya figuraban en el proyecto de reforma integral, anticipo con ánimo premonitorio las siguientes:

1º. La Orden JUS/35/2014, de 20 de enero, crea el Código Identificador de Entidad, sólo exigible a sociedades financieras. El arancel registral mercantil es de 100 euros por el alta y 50 al año por “mantenimiento”.

Si este Código se establece de forma obligatoria para los cuatro millones de sociedades activas, se obtendrían 400 millones de euros por el alta y 200 millones al año por mantenimiento. A repartir entre los 110 registradores civiles y mercantiles.

Conviene apuntar que esta Orden es ilegal, porque la DA 3ª de la Ley de Tasas y Precios Públicos exige decreto conjunto de Hacienda y Justicia.

2º. Incrementar el número de actos inscribibles en el Registro Civil y exigir arancel por los mismos (poderes, autorizaciones, consentimientos, revocaciones, etc).

3º. Incrementar el arancel registral. Existe un borrador que aumenta el arancel más del 300%.

4º. Cobrar por el tráfico intrarregistral de información. Es decir, un Registro Mercantil o de Propiedad hace una consulta al Registro Civil y la paga. A continuación la repercute en el cliente en concepto de suplidos. Este sistema se está utilizando hoy para las consultas que los Registros de la Propiedad hacen al Registro Mercantil.

No se olvide, por otro lado, que el Registro Mercantil funciona de forma monopolística y esta estructura es económicamente ineficiente para gestionar un registro con información sensible de todos los ciudadanos. La igualdad que debe presidir las relaciones entre la administración y el administrado se convierte en cautividad del administrado, quien racionalmente va a evitar todo lo que pueda servir para enfurecer al registrador, como por ejemplo una reclamación de honorarios privados, porque antes o después tendrá que volver a pasar por la caja registradora y depender del criterio de calificación condicionante de su pretensión, sin posibilidad de elección y sin que existan (contra el miedo) verdaderos mecanismos preventivos o paliativos eficaces.

El remedio a este desaguisado sólo puede ser someter el registro a tasa, como ocurre en toda la Unión Europea, impidiendo que los registradores capturen los excedentes del arancel de los Registros de la Propiedad, Mercantil y Civil, dado que no ejercen como profesionales y sólo desarrollan una función pública.

5. LA INCAPACIDAD DE LOS REGISTRADORES PARA LLEVAR REGISTROS ELECTRÓNICOS

Gallardón atribuye la propiedad del sistema informático y el control de los datos de documentos tan sensibles, en términos de protección de datos, como son los referentes al Registro Civil, al colectivo menos apropiado, puesto que decenas de registradores diseminados por todo el territorio nacional han sido condenados por la Agencia de Protección de Datos por la explotación comercial incontrolada de datos de los ciudadanos, sin atender el deber de secreto.

El Colegio de Registradores ha sido incapaz de poner en marcha en varios lustros un registro de condiciones generales de la contratación que les entregó el Gobierno de Aznar (con Rajoy sentado en el Consejo de Ministros, en 1999) que ha estado más de diez años inoperativo y, en la actualidad, carece de sistemas apropiados de búsqueda y escaso o nulo valor publicitario.

Dos leyes en 2001 y 2005 imponían sin demora a los registradores también la digitalización del contenido del registro y la puesta en marcha de un acceso on line a los libros registrales. Más de diez años después persiste el incumplimiento, que genera graves problemas a los usuarios y reduce enormemente la fiabilidad del sistema registral. 

Las capacidades tecnológicas del Colegio de Registradores español dejan mucho que desear. La inmensa mayoría de los países iberoamericanos y europeos cuentan con un sistema registral infinitamente más moderno, tecnológico y eficaz que el rancio registro español; y ello pese a que el arancel registral se elevó en 1989, según su decreto regulador, para sufragar la informatización de los registros. Los ciudadanos han pagado y demandan ese acceso on line.

Si de lo que se trata es de premiar al Colegio de Registradores por incumplir la Ley de acceso on line con fines crematísticos y comercializar datos protegidos de los ciudadanos violando la legislación de protección de datos o si de lo que se trata es de dar una segunda oportunidad a quienes no han sido capaces de diseñar un registro de condiciones generales fiable en los últimos quince años, el decreto ley que les entrega el registro civil tiene su explicación.

6. FAVORECE A UNA CORPORACIÓN PARTICIPADA POR LOS REGISTRADORES

El sistema informático del Registro pasa a pertenecer a una agencia o corporación pública donde participan los registradores a título individual. Esto es una privatización en toda regla de los sistemas de tratamiento de los datos más sensibles de los ciudadanos, que van a quedar bajo el control de terceros que operan con personal que no está sometido al estatuto y disciplina funcionarial.

La corporación propietaria, de la que nada se nos dice, sabemos que en el plazo de tres meses firmará los contratos del sistema informático. En ese plazo tienen que salir a concurso el sistema y haberlo adjudicado. Y las empresas deben estudiar las condiciones y ser capaces de disponer del sistema desarrollado para su implantación. Algo que parece imposible para quien no cuente anticipadamente con información privilegiada.

7. OPACIDAD AL ELEGIR LA SUMINISTRADORA DEL SISTEMA INFORMÁTICO

La asociación de registradores AIREG denuncia en su web que la empresa a la que el decreto ley encomienda la contratación del sistema informático (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.) fue la adjudicataria del 90% de los contratos sin publicidad otorgados a dedo del Ministerio de Defensa. Mal empieza el proceso de selección cuando internamente se duda de la imparcialidad del que tiene que elegir al beneficiario del megacontrato.

Esta misma asociación ya denunció también que la empresa Futuver SL., cuya sede en Madrid se encuentra en el edificio de los Registros, fue adjudicataria a dedo de los sistemas de digitalización de los expedientes de nacionalidad. En este caso se trata de un contrato de muchos millones de euros; en la España del pelotazo nos tememos lo peor.

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Registro Civil: síntoma del nuevo Régimen

Por Jorge Suárez, 

Funcionario de la Administración de Justicia 

y Delegado Sindical de CCOO en A Coruña.

Las garras del neoliberalismo, defendido a ultranza por la derecha rancia del Partido Popular, alcanzan también a la Justicia, que, junto a Sanidad y Educación públicas, conformaban el Estado de Bienestar nacido de la lucha popular antifascista de la Segunda Guerra Mundial. En las pírricas democracias que vivimos, con una soberanía recortada por el dictado de los mercados que atacan a los países implicados en los derechos sociales, el pueblo ha sido traicionado por sus representantes, que han desoído el mandato popular para ponerse al servicio de la Troika. La Troika no es un espectro anónimo que recorre Europa, la Troika (FMI, Banco Central Europeo y Consejo Europeo) es el látigo de los mercados, y los mercados son El Corte Inglés, el Banco de Santander, Mercadona, los fondos buitre de la aristocracia financiera, etc, ellos son los que ahora detentan la verdadera soberanía y dictan leyes en busca de su único beneficio: el poder de todos en manos de unos pocos.

La rapiña de los servicios públicos por parte de las oligarquías se hizo efectiva con la Ley de tasas, que, pese a la resistencia sindical y ciudadana, consagró una justicia de doble vía, al dictado de los poderosos, fácil y accesible para las multinacionales, la banca y las grandes empresas y llena de impedimentos para el ciudadano de a pie, sin posibilidad, por falta de recursos en un modelo laboral de explotación, ni tan siquiera de reclamar de los magistrados justicia ante el abuso de clase. Los datos de descenso en la litigiosidad no deben valorarse desde el punto de vista de la eficiencia, sino desde el recorte democrático; algo falla en nuestra democracia cuando nuestros representantes en el Congreso, utilizando la mayoría absoluta como rodillo dictatorial, sustituyen los derechos sociales por el “tanto tienes, tanto vales” y si no tienes, la justicia es un coto vedado para ti.

En una vuelta de tuerca más, el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, por el que se aumentan los umbrales de acceso a la justicia por unidad familiar: lo que un gobierno cínico pretende vender como una extensión de derechos no soporta un primer análisis riguroso la realidad, como se ejemplifica en el cuadro adjunto, es que la inmensa mayoría de la población quedará sin la posibilidad de acceder a este derecho:

El Ministro Gallardón, paradigma de traidor a la democracia para ponerse al servicio imperio financiero centrista y que, por ello, debería ser puesto ante los tribunales por sedición, no se detiene ahí: la reforma de la ley orgánica del poder judicial, la prevista eliminación de los partidos judiciales, la atribución de la instrucción (investigación de los asuntos penales) a los fiscales dependientes del gobierno, las nuevas leyes de enjuiciamiento que traen como adelanto la erradicación por urgencia de un cañonazo de un hito como era la justicia universal o la ley mordaza que estigmatiza al pueblo que se levanta contra la injusticia..., un ataque masivo, en fin, que se visualiza mejor a través del humor, como la viñeta de Pinto y Chinto, que aún así se queda corta, ya que no son solo monedas las que se escapan del bolsillo del ciudadano, sino derechos fundamentales nacidos de la lucha social y obrera.

Ahora, el Registro Civil, como servicio público, también cincela las letras de su lápida: la hoja de ruta oculta de su privatización sale a la luz, para hacer efectiva su entrega a una casta privilegiada y puesta en cuestión por la propia Unión Europea, como son los Registradores de la Propiedad, a los que parece que hay que compensar por el estallido de la burbuja inmobiliaria, ese crack que tuvo como consecuencia un verdadero saqueo a las clases populares, socializando las pérdidas bancarias a través de un rescate que supuso un cambio de modelo, donde los millones de abajo se hicieron más pobres, mientras los pocos miles más ricos aumentaron sus fortunas.

El Registro Civil, un servicio público y universal que funciona con garantías de confidencialidad y eficiencia desde 1870 , se va a convertir en una mercancía más, un caramelo envuelto para los Registradores, a los que se les regalará sin nada a cambio, tras haberse invertido 130 millones de euros en su modernización y digitalización, dinero no del gobierno, sino sufragado con los impuestos que sí pagan los ciudadanos, imposibilitados para ahorrar en este sistema y mucho menos para depositar sus escasos euros en paraísos fiscales, crear SICAV's o tributar en otros países con mayores beneficios fiscales. Este nuevo impuesto revolucionario contra la ciudadanía implicará que hechos tan cotidianos como obtener una fe de vida, un certificado de nacimiento para el curso escolar o el DNI, un matrimonio civil o la tramitación de una nacionalidad, estarán gravados con altas cuantías económicas que, para más inri, no servirán para financiar a la Sanidad o Educación Públicas sino para enriquecer más si cabe a unos pocos privilegiados como son los Registradores y Notarios que gozan del favor del Ministro Gallardón.

La citada reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que prevé eliminar las faltas (convirtiéndolas en delitos leves o faltas administrativas según su gravedad) junto con la privatización del Registro, han puesto fecha al condenado que espera desde hace años en el corredor de la muerte: la Justicia de Paz. Ya viene de antiguo la obsesión de la derecha por recentralizar servicios y, en momentos de crisis, es cuando es más fácil aplicar medidas injustas contra un pueblo aturdido y machacado, como bien explicó Naomi Klein en La doctrina del shock. Recientemente la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, cercena la autonomía de los ayuntamientos, y otorga poderes plenipotenciales a las Diputaciones, ese órgano no electo reducto de caciques y campo abonado para la corrupción. La eliminación de partidos judiciales y la desaparición de los juzgados de nuestros pueblos es una derrota de la fraternidad, principio básico de las revoluciones que trajeron la democracia a nuestros Estados y cuando ingenuamente creíamos que los gobernantes detentaban el poder cedido por la soberanía del pueblo, sometido a él, revocable por él y siempre al servicio de él. La centralización es sinónimo de abuso, explotación y demofobia, aboca al hombre a la incomprensión de una burocracia lejana que convierte lo que debiera ser un servicio en un hosco enemigo que no tutela sus derechos y vuelve al espíritu decimonónico que ironizaba Larra: “Vuelva usted mañana”. Los pequeños pueblos y ciudades, sin ayuntamiento, sin juzgado y sin servicios públicos próximos y universales, sin empleo de calidad ni tejido industrial están condenados a convertirse en cementerios de elefantes.

Volviendo a la justicia, las medidas de Gallardón, sumadas al colapso histórico de la justicia, sin medios materiales y personales suficientes, crean el caldo de cultivo idóneo para la impunidad de las grandes fortunas y para la corrupción política, así como para la indefensión del ciudadano, dinamitando la única justicia real, la que ahora dilapidan, la justicia con mayúsculas, la Justicia Social.

Cuando todo falla, nos quedamos sin servicios públicos, aumenta el abuso laboral y las vidas se convierten en precarias luchas por la supervivencia, la justicia debiera ser la que pusiera las cosas en su sitio, y no permitir que el poder usurpado al pueblo imponga la ley no del más fuerte, sino del más rico y totalitario, escondido bajo una democracia formal cuya única característica esencial es un derecho de sufragio manipulado por la ley electoral, pero no es democracia la que no es popular y participativa. En 1790 Marat escribió: “Ya vemos perfectamente, a través de vuestras falsas máximas de libertad y de vuestras grandes palabras de igualdad, que, a vuestros ojos, no somos sino la canalla” ¿Seguiremos resignados a que nos gobiernen Consejos de Administración, Registradores y las castas privilegiadas o buscaremos en la calle y las instituciones la hegemonía social y cultural para buscar el poder del pueblo y para el pueblo?

Es el momento de cambiar lo que en una viñeta ironizaba Daniel Alfonso R. Castelao: “Yo digo que los caciques no son representantes del gobierno; el gobierno es el representante de los caciques”, el cambio de régimen que nos imponen debe ser asumido por la gente humilde que itinera de empleo en empleo por unos pocos euros, por los desempleados mayores de cincuenta sin expectativas, por los pensionistas sin poder adquisitivo,… y en las concentraciones en defensa del Registro Civil debe ser la ciudadanía la protagonista, no sólo los funcionarios, como en las mareas y en las luchas sectoriales y atomizadas que deben unificarse para vencer los ataques sistémicos y organizados del gobierno, frente al que las luchas parciales, obreras y sociales, legítimas y de defensa ciudadana no son más que diminutas piedras en el zapato para tumbar el gigante del neoliberalismo.

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CCOO rechaza la propuesta de la Comisión Europea y del FMI de bajar los salarios

La medida es inaceptable, tanto por su incapacidad para contribuir a la salida de la crisis, como por el sufrimiento que causa a las personas. Para CCOO, propuestas como ésta no sólo han sido ineficaces para salir de la crisis sino que la están prolongando.

Óliver Rehn, vicepresidente económico de la Comisión Europea.

Las presiones para que se rebajen los salarios se recrudecen: el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Oliver Rehn, se ha sumado a la reclamación realizada en el mismo sentido por el Fondo Monetario Internacional, al que no le parece suficiente que sueldos y salarios hayan sufrido una acusada reducción en los últimos años, hasta situarse por debajo de los niveles de 2008.

Según el FMI, y está de acuerdo el comisario europeo, los trabajadores y trabajadoras españolas deberían sufrir un recorte de un 10% en sus salarios; a cambio de ello, los empresarios deberían comprometerse a aumentar el empleo con un genérico “significativamente”.

CCOO recuerda que los empresarios han incumplido lo acordado en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, ya que mientras sus beneficios han subido, los salarios han disminuido sin que ello se haya traducido en creación de empleo. Además, "se trata a juicio de Fernando Lezcano, responsable de Organización y Comunicación de CCOO, de una fórmula ineficaz para salir de la crisis, y que debería sustituirse por otra de estimular la actividad económica, lo que requiere subidas salariales de trabajadores en activo y de los pensionistas que estimulen el consumo.

Según recuerda, por su parte, Ana Herranz, secretaria confederal de Mujer e Igualdad de CCOO, sueldos y salarios se sitúan en 2012 por debajo del nivel de 2011 y en un nivel similar al de 2010. Si además tenemos en cuenta la subida de impuestos y de precios en productos básicos y en servicios públicos en estos años, el ligero descenso nominal se transforma en un descenso más acusado en términos reales. Una vez descontada la inflación y los costes laborales de 2012, sueldos y salarios se situarían en términos reales por debajo de los del año 2008.

Como resultado del ajuste salarial y del empleo, la participación de los asalariados en la renta nacional ha ido perdiendo peso desde 2008, cuando representaba el 54%, hasta el 49,1% en el primer trimestre de 2013. Esta pérdida de participación en el reparto de la riqueza ha significado el trasvase de 66.081 millones de euros de los asalariados a los empresarios y autónomos desde el inicio de la crisis, lo que ha permitido aliviar su endeudamiento, actuando los trabajadores a modo de banqueros indirectos. Eso sí, mediante un préstamo que no devenga intereses, ni da derechos sobre la gestión de la empresa, ni tiene que devolverse.

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Yo acuso - Publicación en el blog de Fabián Valero-

Publicado en el Blog de Fabián Valero    http://nexolaboral.com

Yo acuso

07MAY

Carta a Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno. 

Señor Presidente:

Me veo en la obligación, en primer lugar como ciudadano, y en segundo, como abogado conocedor de los problemas de la justicia de nuestro país, de denunciar públicamente las políticas y proyectos que se están impulsando desde el Ministerio de Justicia desde que su Gobierno tomó posesión. Todas las iniciativas adoptadas o iniciadas en el último año y medio tienen por objetivo disuadir, o cuando menos dificultar, la posibilidad de que el ciudadano medio pueda acceder a la justicia. Al mismo tiempo, se están tramitando proyectos legales que buscan una mayor injerencia del poder político en la organización y funcionamiento del poder judicial, restringiendo con ello la independencia de los jueces y la división de poderes. No quiero hacer una carta extensa, señor Presidente; simplemente quiero que reconsideren sus políticas en el ámbito de la justicia y dejar constancia de lo siguiente:

Acuso al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de impulsar un nuevo modelo construido sobre la base de considerar a la justicia no como un poder del estado al servicio de todos los ciudadanos, sino como un privilegio en el que la capacidad económica será determinante para poder acceder al mismo.

Acuso nuevamente al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,  de impulsar e implantar la Ley de Tasas Judiciales que está imposibilitando, o dificultando, el acceso a la justicia de las clases medias, los autónomos y las PYMES.

Acuso al Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, de utilizar la administración de justicia como mecanismo meramente recaudatorio, obviando que su función primordial es garantizar la convivencia entre los ciudadanos y el respeto y defensa de sus derechos.

Acuso también al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, apoyado por su “Consejo de Expertos”, de impulsar un nuevo modelo de organización territorial mediante la supresión de cientos de partidos judiciales, incluidos los de grandes ciudades como Vigo, Gijón, Santiago, Cartagena o Ferrol, alejando a los ciudadanos de la justicia.

Acuso al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de intentar privatizar el Registro Civil, dejándolo en manos de los registradores de la propiedad.

Acuso al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con la complicidad del Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, de promover la reducción del derecho a la asistencia jurídica gratuita, privando de este beneficio, entre otros colectivos, a la totalidad de los trabajadores.

Acuso al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de intentar tomar el control del Consejo General del Poder Judicial mediante la aprobación de una nueva LOPJ, poniendo en riesgo la división de poderes y la existencia de una auténtica justicia.

Acuso al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de intentar sustraer a los jueces la instrucción de las causas penales, incluidas las que afectan a los políticos, para dejarlas en manos de la fiscalía, la cual tiene una evidente dependencia jerárquica del Ministerio.

Acuso al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de actuar de forma unilateral, sin negociar y consensuar sus reformas con el Consejo General de la Abogacía, Consejo General del Poder Judicial, organizaciones de Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales, Procuradores, Sindicatos de Justicia, organizaciones de consumidores y usuarios y de los distintos partidos que configuran el arco parlamentario.

Por último, acuso a la totalidad de los integrantes del Gobierno de España por justificar, amparar, defender o tolerar, por acción u omisión, todos los hechos que he denunciado.

Enlace Permanente: http://nexolaboral.com/?p=1218

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“Cosas que vosotros no creeríais"

Por Jesús Maraña

En algún momento de un futuro más o menos lejano, alguien podrá aplicar a la democracia española actual aquella mítica frase de la película Blade Runner: “Yo he visto cosas que vosotros no creeríais”. Y no son pocas cosas, basta citar las más recientes.

   - Se publican fotografías del presidente de una comunidad autónoma y posible sucesor del número 1 del PP junto a un individuo que está en la cárcel por delitos relacionados con el narcotráfico. Las imágenes tienen 18 años, y en aquel entonces el político era secretario general de la Consejería de Sanidad gallega, mientras el entonces amigo ya había sido detenido en dos ocasiones como contrabandista por posibles delitos fiscales. Un chófer y amigo íntimo del político es más tarde testaferro del narcotraficante. ¿Dimite el político y pide disculpas por haberse relacionado con tipos nada recomendables? No. Lo que dice es que mantenían una “relación de ocio” que “se fue enfriando” cuando (por fin) el político supo a qué se dedicaba su amigo, después de haber hecho varios viajes, entre ellos uno que no recuerda muy bien “si fue a Andorra o a Picos de Europa”, el caso es que “había nieve”.

   - Se publican los datos del testamento del padre del rey, un señor que renunció a la corona como “sacrificio por España” después de haber vivido supuestamente durante décadas de las limosnas de aristócratas que querían instaurar de nuevo la monarquía tras la dictadura de Franco. Los datos indican que el padre del rey dejó a su familia una fortuna de 1.100 millones de pesetas en la que se incluían tres cuentas en Suiza con un total de 728 millones, de los cuales la mayor parte, unos 375, fueron para el actual rey. ¿Entonces el rey ha tenido o tiene alguna cuenta en Suiza? ¿Ha declarado en algún momento esa herencia (unos 2,25 millones de euros) a la Hacienda española? No se sabe, porque la Casa del Rey dice que no tiene nada que decir.

   - Se publican los datos oficiales de Eurostat sobre el déficit público de España en 2012, y resulta que corrigen al alza el que había ofrecido el Gobierno español, afeado por haber retrasado devoluciones fiscales correspondientes a ese ejercicio para intentar maquillar a la baja el déficit. ¿Sale el ministro de Hacienda para asumir su responsabilidad o al menos explicar un dislate que compromete la credibilidad de nuestras cuentas? No. Prefiere que sea el portavoz de Economía del partido,Martínez Pujalte, quien salga a decir que los objetivos se están cumpliendo "razonablemente bien".

   - Se publica que el socio de un yerno del rey, imputado por múltiples delitos relacionados con el desvío de dinero público a cuentas personales, se ha acogido a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno, como ya hizo el ex tesorero del PP al que se le han descubierto más de 38 millones de euros en cuentas suizas. ¿Ha salido inmediatamente el ministro de Hacienda a explicar si es cierto o no que lo que él denomina “regularización de activos fiscales ocultos” ha sido un coladero para el blanqueo de dinero de presuntos delincuentes? No por el momento, aunque se hacen apuestas por conocer a qué gremio o sector profesional acusará el ministro esta vez para desviar la atención de esa escandalosa amnistía.

   Éstas y bastantes cosas más serían difícilmente creíbles en el futuro si la democracia española avanzara por el camino de la transparencia y del rigor en la administración de la cosa pública. Pero no parece que desde el poder haya mucha prisa ni voluntad por avanzar en ese camino. De hecho, hoy mismo ya serían increíbles estas cosas en otras democracias donde los políticos dimiten cuando se demuestra que han mentido o incluso que un día, en su juventud, copiaron textos para su tesis doctoral.

Publicado o 02/04/2013 en www.infolibre.com

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Constitución y tasas judiciales

Por Antonio Salas Carceller, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo

El día 26 de diciembre de 2012, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Antonio Salas Carceller, en el cual el autor opina que el pago de la tasa adquiere unos caracteres especiales cuando se trata de acudir a un servicio tan esencial como es el de Justicia; servicio cuya prestación está garantizada constitucionalmente como derecho fundamental en el artículo 24.1 de la Constitución.

CONSTITUCIÓN Y TASAS JUDICIALES

La tasa constituye un tributo que se devenga por el uso especial que se hace de un determinado servicio público. En este sentido no debe extrañar que se someta al pago de una tasa la utilización por el ciudadano del servicio de Justicia. Puede haber quien, durante su vida, no acuda a los tribunales o lo haga en muy escasas ocasiones y también quien, por sus negocios o por cualquier otra circunstancia, lo haga frecuentemente. ¿Es justo entonces que sufraguemos entre todos la prestación de un servicio del que se benefician singularmente unos cuantos y lo hacen con especial frecuencia e intensidad en sus reclamaciones? Evidentemente, parece que no. Lo que ocurre es que el pago de la tasa, que no se discute por ejemplo respecto de la utilización especial del servicio de correos, adquiere unos caracteres especiales cuando se trata de acudir a un servicio tan esencial como es el de Justicia; servicio cuya prestación está garantizada constitucionalmente como derecho fundamental en el artículo 24.1 de la Constitución cuando dice que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Subrayo la expresión “derechos e intereses legítimos” porque ahí está para mí el verdadero núcleo de la cuestión. Cuando hablamos de “injusticia” en la exigencia del pago de tasas judiciales estamos pensando únicamente en quien, con razón, se dirige a los tribunales para formular una recta pretensión y no en quien, por el contrario, acude incluso con la única intención de molestar y perjudicar a su adversario sin razón alguna en sus peticiones. ¿Debemos oponernos a que ese litigante, incluso temerario, abone una tasa, pagando entre todos sus caprichos? Creo que sobre ello no cabe discusión.

En realidad el problema de las tasas judiciales es el de la Justicia en su regulación, sobre todo en cuanto al quién, el qué e, incluso, el cuándo deben pagarse.

El Tribunal Constitucional ha entendido que la exigencia del pago de tasas judiciales se ajusta a los mandatos constitucionales y lo que queda para la función del legislador es procurar una regulación justa y adecuada. La reciente sentencia del Pleno número 20/2012 de 16 febrero resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el artículo 35, apartado 7, párrafo 2, de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que reinstauró la obligación de pago de tasa judicial en el orden civil, si bien sólo para determinadas personas jurídicas. Afirma el Tribunal Constitucional que la Justicia puede ser declarada gratuita, como hizo la Ley 25/1986, pero resulta obvio que la Justicia no es gratis. Si los justiciables no abonan el coste del funcionamiento de la Justicia, el poder judicial debe ser financiado mediante impuestos, sufragados por los contribuyentes. Aunque resulta evidente -añade- que la Justicia, en tanto que garantía del Estado de Derecho, implica beneficios colectivos que trascienden el interés del justiciable considerado individualmente, lo cierto es que la financiación pura mediante impuestos conlleva siempre que “los ciudadanos que nunca acuden ante los tribunales estarían coadyuvando a financiar las actuaciones realizadas por los juzgados y las salas de justicia en beneficio de quienes demandan justicia una, varias o muchas veces”. Sostiene el Alto Tribunal que optar por un modelo de financiación de la justicia civil mediante impuestos o por otro en el que sean los justiciables quienes deben subvenir a los gastos generados por su demanda de justicia es una decisión que, en una democracia como la que establece la Constitución española, corresponde al legislador, que goza de un amplio margen de libertad en la configuración de los impuestos y los demás tributos que sirven para sostener los gastos públicos.

No obstante, el propio Tribunal Constitucional había declarado, entre otras, en sentencia número 294/1994, de 14 de julio, que su competencia se extiende a la determinación de si “en el régimen legal del tributo el legislador ha sobrepasado o no los límites constitucionales”.

Esta es la cuestión. Parece lógico que existan las tasas, pero la pregunta es si el legislador ha hecho una adecuada regulación de las mismas y si esa regulación supera el control de constitucionalidad. Esto es si, quien acude a los tribunales con pretensiones legítimas, puede decirse que obtiene una verdadera tutela judicial y no se le cobra por ello.

Lamentablemente creo que no sucede así con la nueva Ley de Tasas (Ley 10/2012, de 20 noviembre) que, finalmente, ha comenzado a regir desde el pasado día 17 de diciembre. No sólo parecen excesivas las cuantías que se han asignado para los distintos procesos y recursos -que pueden, incluso, ser superiores a la que constituye su objeto- sino que, refiriéndome singularmente al orden jurisdiccional civil, dan lugar a alguna indeseable consecuencia como la que voy a exponer con un planteamiento ejemplificativo, que podría ser mucho más oneroso para el litigante en supuestos de mayor complicación.

SUPONGAMOS que alguien, con razón, acude al juzgado en busca de Justicia y el juez no se la reconoce. El demandante -lógica y justamente contrariado- formula un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Pues bien, esto ya le cuesta, como mínimo, 800 euros (a los que habrá que sumar una cuota proporcional según la cuantía del proceso) que no va a recuperar aunque la Audiencia estime su recurso y acoja su demanda. Quizás esto no se ha tenido en cuenta y a mí me parece una cuestión esencial. Efectivamente, sucede que la tasa satisfecha en primera instancia (ante el juzgado) podría recuperarse en caso de condena en costas al demandado, que incluiría la devolución de su importe al demandante (que las adelantó), pero esto no es posible en los recursos; precisamente porque en los recursos no cabe nunca la condena en costas del recurrido, sino únicamente la del recurrente para el caso de que se desestime aquél.

De ahí que nuestro demandante se verá obligado a pagar una considerable cantidad por la única razón de que el juez de primera instancia no acertó a la hora de resolver el proceso, sin que ello en modo alguno debiera significar perjuicio para él. Lo lógico es que, en tales casos, aunque se hubiera exigido el pago previo de una tasa al apelante, se le pida perdón por el retraso y se le devuelva la cantidad ingresada. Es lo mínimo que se puede pedir a la Administración de Justicia y lo mínimo que corresponde si queremos proclamar que impera en nuestro sistema judicial el principio constitucional de “tutela judicial efectiva” del artículo 24.1 de la Constitución; ello incluso en el caso de que se estime equitativo -y no excesivo- el importe de la tasa que, desde luego, podrá servir para disuadir al litigante caprichoso (y ello siempre será bueno), pero no debe nunca coartar el ejercicio de un derecho legítimo por parte del litigante al que asiste la razón que -no olvidemos- podrá encontrarse en una situación económica que le impida acceder a los beneficios de la “justicia gratuita” y, sin embargo, no esté en condiciones de pagar una elevada tasa.

Publicado o 26/12/2012 en www.iustel.com

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Un año de retrocesos en Justicia

Margarita Robles Fernández es Vocal del CGPJ 

Llegó Alberto Ruiz Gallardón hace un año al Ministerio de Justicia -ámbito sobre el que nada conocía, más allá de una oposición lejanamente aprobada a la carrera fiscal, que, por lo demás, nunca llegó a ejercer- anunciando grandes proyectos para mejorar y modernizar la Justicia. 

Un día sí, y otro también, se pronunciaba sobre reformas en clara búsqueda de titulares periodísticos que, a la semana siguiente, él mismo contradecía o dejaba sin contenido: ¿quién no recuerda cómo manifestaba que el mes de agosto debía dejar de ser inhábil para las actuaciones judiciales, iniciando incomprensiblemente sus hostilidades contra el Poder Judicial, al insinuar que los jueces no rendían suficientemente, porque en algunas jurisdicciones dicho mes era legalmente inhábil? 

"España no está para siestas", llegó a proclamar demostrando una soberana ignorancia de la verdadera dimensión del esfuerzo que todos los funcionarios de la Administración de Justicia realizan para paliar el daño que está causando la crisis económica en nuestra sociedad. Muchos órganos judiciales están desbordados por el ingente volumen de pleitos suscitado entre los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas. Jamás se había visto tamaño impacto en los juzgados de España en la Historia reciente de España. Año tras año, desde 2007, los asuntos han crecido en porcentajes que alcanzan incluso el 200 %, los jueces no dan abasto entre juicios y sentencias... y llegó Gallardón y habló de siesta. 

O cuando decía que algunos divorcios se resolverían ante notario. Así como cuando ampulosamente se refería a que iba a despolitizar la justicia, manifestando que los Vocales del CGPJ iban a dejar de "tener apellidos", porque serían elegidos por los propios jueces y, por tanto, nadie podría tildarles de "conservadores" o "progresistas". 

Por supuesto, con ese discurso, contribuía a apoyar a quienes tratan de confundir ante los ciudadanos el trabajo de los cinco mil jueces y magistrados en España, que ejercen rigurosa, seria y con limitados medios su labor jurisdiccional, identificándoles intencionadamente con el CGPJ, su órgano de gobierno, que no ejerce ninguna jurisdicción y cuya vertiente política quiso nuestro constituyente. 

Y qué decir de la reforma que ha anunciado de la Ley del Aborto, cuando la realidad social en ningún caso la demanda, o de sus manifestaciones sobre las mujeres y la maternidad, más propias de una sociedad feudal, que del siglo XXI. 

El balance de un año en el ámbito de la Administración de Justicia no puede ser más desolador. De los proyectos anunciados por el Ministro, que según él, iban a mejorar la Justicia, únicamente ha visto la luz la Ley de Tasas, sobre la cual el CGPJ ya emitió en su día un informe muy desfavorable y que supone una clara agresión al derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva (¡qué diría su padre, que tuvo ocasión en su día de pronunciarse en contra de las mismas, si lo viera!). 

Su planteamiento parece muy sencillo: como los juzgados y tribunales españoles están sobrecargados de trabajo, al tener una de las ratios de jueces más bajas de Europa, se evita que los ciudadanos puedan acceder a los tribunales para ejercer su derecho, imponiendo unas tasas absolutamente disuasorias por lo elevado de las mismas, y así se soluciona, en su opinión, el problema sin acometer las reformas necesarias. Los ciudadanos que paguen impuestos y que sigan viendo recortados sus derechos en ámbitos tan esenciales como la sanidad, la educación, y ahora la justicia. 

Ante las críticas de todos los operadores jurídicos y de todos los sectores sociales frente a la ley (cuya atropellada tramitación parlamentaria llevó a todas las fuerzas parlamentarias, a excepción del PP, a abandonar la Comisión de Justicia) el Ministro decidió acusar a sus críticos de defender intereses corporativos. Corporativos ¿de quién? Si defender los derechos de los ciudadanos para acceder en condiciones de igualdad a los tribunales es ser "corporativo", pues bienvenida sea dicha descalificación. 

Otra de las realidades plasmadas en el BOE, salida de los despachos de la calle San Bernardo, que también ha generado un total rechazo de parte importante de la ciudadanía, es el doble indulto (sí, dos a falta de uno) a cuatro mossos d'esquadra, condenados por un delito, tan execrable, como el de tortura de un inocente. 

Ejerciendo el derecho de gracia, que desde la Ley de 1870 se otorga al Poder Ejecutivo por razones que se ignoran, el Gobierno aconsejado por Gallardón concede a los referidos agentes policiales dos indultos para evitar que ingresen en prisión, sorteando las distintas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Barcelona. Este doble indulto convierte al Poder Ejecutivo, de facto, en una instancia de revisión del Poder Judicial. 

Nuevamente, ante las críticas de muchos sectores sociales y ante un escrito firmado por doscientos jueces y magistrados, el Ministro acude a la descalificación. Olvida que ninguno de los firmantes cuestiona la competencia del Gobierno para ejercer el derecho de gracia (incluso muchos de los firmantes en algunas sentencias, se han dirigido a los gobiernos correspondientes, en aplicación de lo que dispone el Código Penal, para pedir la aplicación de dicha medida, cuando por el juego de las penas a imponer, estas resultaban injustas o desproporcionadas), sino que lo que se cuestiona, y así se dice en el encabezamiento del escrito, es la utilización de un indulto como medio para "sortear" las decisiones judiciales, con un evidente menoscabo del principio de separación de poderes, lo que resulta aún más rechazable, cuando de delitos tan atroces, como el de torturas, se trata. 

Y qué decir, por último, del enfrentamiento que mantiene en este momento el Ministerio con todos los jueces y magistrados, miembros de la carrera fiscal y secretarios judiciales. 

Son todos ellos unos funcionarios cualificados que, con escasez de medios materiales y una gran sobrecarga de trabajo, suplen con esfuerzo y preparación las deficiencias, a las que el Ministerio no quiere, o puede, aportar soluciones. 

Los jueces y magistrados en España no están reclamando, ni defendiendo intereses corporativos, están solicitando mejoras en beneficio de los ciudadanos, poniendo de relieve las injusticias que para estos se derivan de leyes como la de Tasas o de la normativa reguladora del desahucio. Cuarenta y siete jueces decanos de toda España, representando a dos mil jueces, así lo han puesto de relieve. 

Y ante estas reivindicaciones la respuesta es desoladora: ausencia de diálogo por parte del Ministerio y descalificaciones injustas que han culminado en un proyecto de ley, actualmente en trámite parlamentario, que al suprimir a los jueces sustitutos, e imponer sustituciones obligatorias entre jueces, va a convertir a muchos de estos, ya sobrecargados de trabajo, en una especie de esclavos, operando en condiciones incompatibles con la función que desarrollan en un Estado de Derecho. El Presidente y la Vicepresidenta del Gobierno son juristas de prestigio que me consta conocen, se preocupan y tienen sensibilidad con los problemas que arrastra la Administración de Justicia. Al primero apelaban las asociaciones de jueces y fiscales la semana pasada para tratar de mejorar el funcionamiento de esta. Los ciudadanos lo esperan y necesitan después de un año de innecesarios recortes y retrocesos provenientes del Ministerio de Justicia

Publicado el 04/12/2012 en www.diariocritico.com

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