Gallardón elude criticar la propuesta del CGPJ para suprimir partidos judiciales.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer en Burgos que el Ministerio de Justicia encargó a una comisión que elabore un proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación en el que se incluirá toda la estructura judicial del país que estará listo para el mes de octubre.
En este
sentido, recordó que el Consejo General del Poder Judicial ha realizado
un informe a petición del Parlamento, motivo por el que declaró que «no
le parece elegante» criticar al Consejo General del Poder Judicial por
elaborar un informe cuando ha sido el Parlamento. El ministro recordó
que la petición de ese informe de demarcaciones, se realizó a «instancia
del grupo socialista».
Asimismo, el ministro afirmó que existe
una limitación para ampliar las plantillas «de todos los funcionarios»
de la Administración de Justicia, por lo que el Ministerio trabaja en
una reordenación de funciones «para que todos hagamos más» en un momento
de imperante crisis económica.
Según él, «nadie va a perder
funciones ni actividad», y aseguró que los funcionarios de Justicia
seguirán trabajando en sus áreas, si bien es cierto que registradores y
notarios comenzarán a participar en funciones que antes no tenían y que
eran solo de jueces y magistrados.
Concretamente, se refirió a la
«reordenación» que el Ministerio baraja para mejorar el funcionamiento
de la Administración de Justicia y que se basa en contar con el apoyo de
«colaboradores habituales» de este poder del Estado como registradores,
notarios y procuradores en los tribunales.
Palacio de Justicia
Gallardón
se desplazó ayer hasta la capital burgalesa para asistir a la
inauguración del remodelado Palacio de Justicia, sede del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León y de la Audiencia Provincial,
después de la inversión acometida.
El ministro fue recibido con una sonora pitada a las puertas del Palacio de Justicia.
El
titular de Justicia declaró que el Gobierno es consciente del malestar y
afirmó que «son medidas exigentes», que pueden limitar las expectativas
de los ciudadanos y los funcionarios, pero que son «absolutamente
necesarias».
El acto contó con la presencia del presidente del
TSJCyL, José Luis Concepción; el Fiscal General de Castilla y León,
Manuel Martín Granizo; el consejero de Presidencia de la Junta; José
Antonio de Santiago-Juárez, y la presidenta de las Cortes de Castilla y
León, Josefa García Cirac, entre otros.
Fuente: diariodeleon.es
