CCOO denuncia que el texto aprobado del Estatuto Básico del Empleado Público ha incumplido, entre otros, los trámites obligatorios de solicitar informes al Consejo Económico y Social y a las organizaciones sindicales
La vicepresidenta del Gobierno acaba de anunciar, tras la reunión del Consejo de Ministros, la aprobación por el Gobierno del real decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Dicha aprobación se hace en virtud de la autorización que, a tal fin, confería al Gobierno la Ley 20/2014 de 29 de octubre, autorización que finalizaba en el día de mañana.Para la aprobación del citado texto no ha habido ningún tipo de proceso de información. Ni ha habido información pública del mismo (basta comprobar que en el Portal de Transparencia del Gobierno no hay ninguna referencia), ni se ha abordado proceso alguno de información con las organizaciones sindicales del ámbito del empleo público. Tan solo fuimos citados a una reunión el pasado lunes en la que se nos informó de “su posible aprobación”, pero sin darnos documentación ni detalles sobre su contenido.
El texto tampoco ha sido sometido al proceso de información que establece la Ley del Gobierno, ni ha sido informado con carácter preceptivo por el Consejo Económico y Social como establece de manera taxativa su ley de creación. Esto es, ha sido aprobado vulnerando la propia normativa que establece pautas concretas previas a su elaboración. Y ha sido aprobado, además, cuando las Cámaras están disueltas, dificultando con ello la capacidad de control que la Constitución establece para las mismas sobre la capacidad legislativa y reglamentaria del gobierno.
No nos podemos pronunciar sobre su contenido porque lo desconocemos por completo, pero a la espera de conocer el mismo, anticipamos que vamos a estudiar detenidamente el texto ante el riesgo de que el Gobierno, como ha ocurrido en ocasiones anteriores o como ocurría en alguno de los proyectos de texto refundido recientes, sobrepase su capacidad normativa que no puede alterar en nada el marco legislativo en vigor.
Desde CCOO, como primer sindicato en el ámbito del sector público*, denunciamos una vez más la nula capacidad de negociación que ha demostrado este Gobierno para con las empleadas y empleados públicos. Según Antonio Cabrera, coordinador del Área Pública de CCOO, “se ha obviado toda la participación de las organizaciones legitimadas con representación en el ámbito de la Mesa General de negociación de las AA.PP. Ni siquiera se informa, como en esta ocasión, sobre una ley que afecta al conjunto del personal público. Esta vulneración no puede quedar impune y, para ello, estudiaremos al detalle esta norma y adoptaremos las medidas legales consecuentes”.
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* Comisiones Obreras es el sindicato mayoritario en la Función Pública, al contar con el apoyo de un 37,23% de las empleadas y empleados públicos, y tener cinco representantes en la Mesa general de negociación de las Administraciones Públicas, frente al 36,18% de UGT (cinco representantes), 20,44% de CSI-CSIF (tres representantes), 2,54% de CIG (un representante) y 3,61% de ELA (un representante). Fuente: BOE nº 274, 14 de noviembre de 2012: Resolución 14016 del Ministerio de Hacienda y AA.PP., anexo 2.1
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/14/pdfs/BOE-A-2012-14016.pdf Imprimir artículo
