Está sobradamente demostrado que el Ministerio de Justicia, y el Gobierno en funciones en su conjunto, siguen empeñados en privatizar servicios de la Administración de Justicia, y en este afán encuentran en colectivos privados con intereses económicos, como los notarios y registradores, aliados naturales contra los derechos de la ciudadanía y los servicios públicos.
En un artículo publicado en www.elderecho.com, bajo el título "El Consejo General del Notariado analiza la Ley de Jurisdicción Voluntaria" se recogen unas declaraciones del vicepresidente de esta institución. De dicho artículo destacamos los siguientes párrafos:
"... Sin embargo, la adecuada aplicación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que asigna a notarios y otros operadores jurídicos la tramitación de algunos expedientes no contenciosos atribuidos en exclusiva hasta el momento a la Judicatura, tales como bodas y divorcios (sin hijos), precisa -para el vicepresidente del Notariado- llevar a cabo algunas iniciativas, como "el incremento de la colaboración de los órganos colegiales o la creación de un órgano de coordinación entre el CGN y el Consejo General del Poder Judicial".
"Esta colaboración es especialmente urgente en todas aquellas materias relacionadas con el Registro Civil. Matrimonios, separaciones, divorcios, constancia del régimen económico-matrimonial, cuya inscripción telemática prevé la ley, deberían poderse inscribir ya de este modo. Los notarios deberíamos contar con un acceso telemático al Registro Civil, no sólo para inscribir estos casos, sino para inscribir otros, como el nombramiento de tutores o los poderes preventivos; así como para obtener telemáticamente certificaciones cuando lo requiera nuestra función", apuntó el vicepresidente del Notariado"
Si la movilización social no se realiza, nos esperan tiempos igual de difíciles que los vividos en los años anteriores
¡¡¡Paremos las privatizaciones de la Administración de Justicia!!!
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